La mejora regulatoria es una política de gobierno cuyos propósitos son la simplificación de regulaciones, trámites y servicios, según lo señala el párrafo décimo del artículo 25 de la Constitución Política, para lograr beneficios sociales con los menores costos posibles, mediante la formulación de reglas e incentivos legales que promuevan la innovación, la confianza en el sistema económico, la productividad y la eficiencia, en favor de la competitividad y el desarrollo económico.
El texto constitucional asocia la mejora regulatoria a mecanismos alternativos de solución de controversias, a la organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales en las entidades federativas y los catastros municipales, ya que se estima como prioritarias nuevas bases desregulatorias en los órdenes de gobierno locales.
